La Ley de Morosidad en la Tramitación de Subvenciones

Cada vez son más las convocatorias de ayudas públicas que incorporan entre sus requisitos el cumplimiento de la Ley de Morosidad, una normativa que busca garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones de pago en los plazos legalmente establecidos.

Este aspecto, a menudo pasado por alto por muchas pymes y autónomos, puede suponer la inadmisión de la solicitud o incluso la revocación de una ayuda concedida, si no se acredita debidamente.

¿Qué exige la Ley de Morosidad?

La Ley 3/2004, que establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, fija que los pagos entre empresas no pueden superar los 60 días desde la fecha de emisión de la factura (o 30 días si no se ha pactado lo contrario por contrato). Su objetivo es evitar los impagos y mejorar la liquidez en la cadena de suministro empresarial.

¿Cuándo se exige cumplir la Ley de Morosidad?

Numerosas convocatorias, donde se espera que a largo plazo sean todas, tanto de ámbito nacional como autonómico (CDTI, IDAE, IVACE, etc.), exigen que las empresas solicitantes:

• Para un importe inferior a 30.000€: Se exige que los gastos justificados de los proyectos hayan sido pagados dentro del plazo establecido, esto es en un máximo de 60 días.
• Para un importe igual o superior a 30.000€: Además de cumplir con el plazo, se debe acreditar que la empresa cumple con la normativa.

Algunas convocatorias pueden pedir documentación adicional: balance, cuentas anuales, desglose de pagos a proveedores, etc.

Este requisito busca premiar a empresas solventes y responsables que mantienen buenas prácticas de pago y al mismo tiempo excluir del acceso a fondos públicos a aquellas que se beneficien del crédito gratuito de sus proveedores.

¿Cómo se acredita?

Según el tamaño de la empresa:

• Para las empresas que presentan cuentas abreviadas, en la mayoría de los casos, se debe presentar una declaración responsable firmada por el representante legal de la empresa, ya que suele aparecer en el propio informe de auditoría de cuentas anuales que la empresa cumple con ello.

• Para las empresas que no presentan cuentas abreviadas, se debe presentar un certificado emitido por un auditor de cuentas (ROAC).

¿Qué pasa si no se cumple?

1. Inadmisión de la solicitud: la ayuda ni siquiera se evalúa si no se acredita el cumplimiento.

2. Revocación o devolución: si se descubre el incumplimiento tras la concesión, pueden exigir el reintegro del importe recibido con intereses.

3. Control posterior: en ayudas con pagos en varios hitos, se puede pedir demostrar el cumplimiento en distintos momentos del proyecto.

¿Cómo puede ayudarte nuestra consultoría?

En Altair, ayudamos a nuestros clientes a verificar y acreditar el cumplimiento de la Ley de Morosidad antes de presentar cualquier solicitud de ayuda.

Nuestro equipo Innovación y Financiación Pública te ayudará a obtener financiación pública mediante el trámite de las subvenciones, para realizar tu nuevos desarrollos e inversiones.

Además, disponemos de un departamento de Auditoria que puede realizar tanto la auditoría de cuentas como los certificados del cumplimiento de la Ley de Morosidad.

El cumplimiento de la Ley de Morosidad no solo es una obligación legal, sino también una condición clave para acceder a ayudas públicas. Ignorar este requisito puede poner en riesgo oportunidades de financiación muy valiosas.

Con un asesoramiento adecuado y una gestión responsable, tu empresa no solo evita riesgos, sino que demuestra su compromiso con la buena praxis empresarial.